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Presentación1
La década de 1990 marcó un punto de inflexión en el reconocimiento internacional de derechos relativos a la equidad de género y diversidad sexual. Este período coincide también con el giro teórico-político del movimiento feminista internacional en lo que respecta a su agenda estratégica y organizativa. Podría decirse que el movimiento pasó de plantear reivindicaciones maximalistas a desarrollar iniciativas y proyectos concretos orientados al cambio, por ejemplo, la formulación de políticas públicas (Gargallo, 2007). En consecuencia, algunas ONG feministas buscaron jugar un papel importante en las grandes conferencias internacionales, como la de Población y Desarrollo en el Cairo en 1994 y la de Pekín en 1995, en las que el acceso a la salud sexual y reproductiva, así como el uso de la categoría “género” para explicar e intervenir la reproducción social de violencias y relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres cobraron relevancia en la agenda de organismos internacionales, como el sistema de Naciones Unidas, y regionales, como la Unión Europea o la Organización de Estados Americanos.
En países de Europa y las Américas ambas conferencias favorecieron moderadas, pero importantes transformaciones jurídicas e institucionales en las décadas siguientes, las cuales contaron con un respaldo diferenciado de organizaciones y movimientos sociales. El sexismo y la homofobia, en sus distintas expresiones, se convirtieron en problemas sociales que exigían la intervención estatal; proliferaron iniciativas legislativas que propendían por el reconocimiento de derechos que tocaban las esferas de la sexualidad y la reproducción; asimismo tuvo lugar una amplia producción de políticas públicas para afrontar las violencias contra mujeres y personas LGBTI.
Los noventa también fueron una década de cambios en el discurso y el activismo político conservador, de matriz católica, en materia de género y sexualidad. Aunque la Iglesia católica ya venía haciendo frente a su pérdida de prestigio en países como España (Cornejo-Valle y Pichardo, 2017), al debilitamiento de sus mecanismos de regulación social, específicamente en la organización del género y la sexualidad, en América Latina (Mujica, 2010) y a la creciente disociación de moral religiosa y moral pública, el alcance de su lucha reciente contra los derechos sexuales y reproductivos y los mecanismos desplegados para tal fin señalan una reinvención (Sívori y Leite en Facchini y Parreiras, 2017).